Exige a Page que pague a los ayuntamientos lo que les debe desde junio

• Lamenta que la Presidenta, Maite Fernández, utilice la Federación de forma partidista y desmiente que se vayan a dejar de prestar los servicios sociales por los ayuntamiento
  
  

25 noviembre 2015.- El vicepresidente de la FEMP-CLM y alcalde de Membrilla, Manuel Borja, ha exigido hoy a García-Page “que pague a los ayuntamientos lo que les debe desde el mes de junio de este año y no vuelva a las andadas”, recordando los 400 millones de euros que dejó a deber el gobierno socialista hace cuatro años a los municipios de Castilla-La Mancha, ahogándoles económicamente, y que tuvo que pagar después Cospedal.

Borja ha señalado que son muchos los ayuntamientos que se están dirigiendo a él, como vicepresidente de la FEMP-CLM, para que desde esta institución se reivindique el papel de los ayuntamientos como administración más cercana prestadora de servicios y se exija a la administración regional que pague sus deudas cuanto antes para poder prestarlos con garantías, ya que “el mayor peligro para la prestación de servicios es que el gobierno de Page no nos pague las deudas que contrae con los municipios”, sin embargo no ve que la presidenta esté cumpliendo ese papel, “viéndola más preocupada por criticar el gobierno nacional que por exigir nuestros derechos a García-Page”.

MENSAJE DE TRANQUILIDAD

Por último, Manuel Borja ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad y ha desmentido las declaraciones de la presidenta Maite Fernández al respecto de que esté en peligro la prestación de servicios sociales por los ayuntamientos a partir del 1 de enero del próximo año, ya que como ella debería conocer, “la asunción por las autonomías de las competencias sociales que venían prestando los ayuntamientos estaba supeditada a la aprobación del nuevo marco regulatorio del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las Haciendas Locales” y por tanto, tal y como se deduce de la propia Ley y ya se ha hecho público y se ha comunicado a la FEMP por el propio gobierno central a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, estos apartados de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, no entrarán de momento en vigor, por lo que los servicios sociales que venimos prestando los ayuntamientos “no corren ningún peligro y se seguirán prestando exactamente igual que hasta ahora”.